Fiscal que acusó a Rocha Moya asume como jefe de Inteligencia de EU
El Senado de Estados Unidos confirmó el pasado martes a Jay Clayton como nuevo director de Inteligencia Nacional del gobierno de Donald Trump. Clayton, quien encabezó la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, fue el responsable de formalizar el 29 de abril de 2026 las acusaciones de narcotráfico y colusión con el Cártel de Sinaloa contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios.
La votación en el Senado fue de 51 votos a favor y 47 en contra, a lo largo de líneas partidistas. Clayton, de 60 años y con trayectoria previa como presidente de la Comisión de Bolsa y Valores durante el primer mandato de Trump, asumirá formalmente el cargo en los próximos días, coordinando las 18 agencias de inteligencia de Estados Unidos.
Las acusaciones presentadas por Clayton en abril señalan a Rocha Moya y a los demás involucrados de conspirar con la facción conocida como Los Chapitos para facilitar la importación de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense. Según el documento, habrían recibido sobornos, apoyo político y protección institucional a cambio de permitir operaciones del grupo criminal, filtrar información sensible e impedir arrestos.
Desde entonces, el proceso en Estados Unidos se mantiene activo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Algunos de los coacusados, como el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, se entregaron voluntariamente a las autoridades estadounidenses y enfrentan audiencias en ese país. La jueza del caso ha señalado que los acusados “llegarán por oleadas”.
En México, la situación jurídica de Rocha Moya no ha avanzado hacia una detención con fines de extradición. La Fiscalía General de la República (FGR) ha indicado en diversas ocasiones que la investigación abierta a partir de la solicitud estadounidense no ha reunido aún el parámetro probatorio mínimo exigido por el derecho mexicano para proceder. La indagatoria continúa en curso.
Rocha Moya solicitó licencia al Congreso de Sinaloa poco después de conocerse las acusaciones y perdió el fuero constitucional. Ha comparecido ante la FGR en Culiacán para responder cuestionamientos del Ministerio Público Federal. En mensajes públicos ha negado las imputaciones, las ha calificado de falsas y sin sustento, y ha afirmado permanecer en su domicilio en la capital sinaloense.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha mantenido la postura de que cualquier acción dependerá de las pruebas presentadas y del análisis de la FGR conforme a la legislación mexicana. México ha solicitado información adicional a Estados Unidos y ha cuestionado la divulgación pública de los cargos antes de ejecutar detenciones, argumentando que ello afectaba el debido proceso.
El nombramiento de Clayton eleva el perfil del caso, al colocar al fiscal que impulsó las acusaciones al frente de la comunidad de inteligencia estadounidense. Analistas señalan que esto podría intensificar el seguimiento a redes políticas y financieras vinculadas a investigaciones de crimen organizado, aunque el proceso formal de extradición depende de la cooperación bilateral y de los estándares judiciales de cada país.
Hasta el momento no se ha reportado una detención ni un acuerdo formal de entrega. El gobernador con licencia ha negado negociaciones de rendición voluntaria en algunos reportes previos, mientras versiones periodísticas han mencionado contactos exploratorios a través de abogados. El expediente sigue abierto en ambos lados de la frontera.
