Greenpeace lleva al Zócalo la protesta contra la planta de amoníaco en Topolobampo
La disputa por la construcción de una planta de amoníaco en Topolobampo, Sinaloa, llegó este lunes al corazón de la Ciudad de México. Greenpeace México y representantes de comunidades Mayo-Yoreme trasladaron su protesta al Zócalo capitalino para pedir a la presidenta Claudia Sheinbaum que intervenga y cancele el proyecto de Grupo Proman y su filial Gas y Petroquímica de Occidente (GPO).
La movilización tuvo una imagen particularmente llamativa. Activistas de Greenpeace escalaron el asta de la Bandera en la Plaza de la Constitución para colocar una manta con el mensaje “PRESIDENTA: ¡PROTEJA TOPOLOBAMPO!”. En la parte inferior, otros integrantes de la organización desplegaron una manta circular con la leyenda “¡En México No!”, además de mensajes de rechazo a la planta y llamados a proteger la Bahía de Ohuira y a los pueblos originarios.
La protesta ocurrió apenas un día después de que la comunidad cumpliera 100 días de plantón y resistencia civil frente al proyecto, una movilización que, según Greenpeace, se mantiene desde el 6 de septiembre. Paralelamente, el Gobierno Federal anunció la conformación de tres grupos técnicos que evaluarán las condiciones del proyecto entre el 7 y el 11 de septiembre. Sin embargo, integrantes del Colectivo ¡Aquí No! han aclarado que participar en ese análisis no significa aceptar la construcción de la planta.
Aleira Lara Galicia, directora ejecutiva de Greenpeace México, explicó que la organización decidió llevar la protesta a la capital junto con representantes del Colectivo ¡Aquí No!, algunos de los cuales han permanecido durante cien días en el plantón. El objetivo, dijo, es colocar la problemática de Topolobampo en el centro de la discusión nacional y llamar directamente a la presidenta a proteger la región mediante la cancelación del proyecto.
Una resistencia que comenzó hace más de una década
Aunque el plantón actual lleva 100 días, la oposición de las comunidades al proyecto tiene una historia mucho más larga. Felipe Montaño Valenzuela, gobernador tradicional de la comunidad indígena Mayo-Yoreme de Ohuira y uno de los voceros del Colectivo ¡Aquí No!, señaló que la resistencia pacífica comenzó desde 2013.
Montaño explicó que durante todos estos años las comunidades han buscado defender sus derechos mediante acciones pacíficas y mediante el diálogo con las autoridades. Desde el Zócalo, lanzó un llamado a la presidenta para que atienda sus demandas y cancele el proyecto, al que calificó como “un golpe existencial a nuestras vidas como pueblos originarios”.
El representante comunitario también cuestionó las dimensiones de la infraestructura prevista. De acuerdo con sus declaraciones, la planta tendría una capacidad de producción de 2 mil 200 toneladas de amoníaco al día y una capacidad de almacenamiento de 75 mil toneladas. Además, requeriría la extracción de 2 mil metros cúbicos de agua por hora, recurso que posteriormente sería descargado en la bahía a una temperatura mayor, según lo expuesto por Montaño.
Para las comunidades, estas características representan una amenaza para el equilibrio de la Bahía de Ohuira y para las actividades de quienes dependen de ella. Montaño planteó por ello dos posibles salidas: la cancelación del proyecto o su reubicación en un sitio donde, desde su perspectiva, no represente una amenaza para la población.
A la movilización en la capital se sumaron habitantes de Paredones, Ohuira y Lázaro Cárdenas, además de integrantes de distintos ejidos y de Los Mochis. Con ello, Greenpeace buscó mostrar que el rechazo no se limita a un grupo aislado, sino que involucra a distintas comunidades de la zona de influencia del proyecto.
El temor a una eventual fuga de amoníaco
Uno de los principales argumentos de quienes se oponen a la planta está relacionado con la seguridad de la población en caso de un accidente. Montaño explicó que las comunidades han participado en mesas de trabajo con autoridades federales, donde se discutieron posibles modificaciones relacionadas con la extracción y descarga de agua.
Sin embargo, el representante Mayo-Yoreme consideró que esos cambios no resolverían todas las preocupaciones. También cuestionó aspectos de la Manifestación de Impacto Ambiental y del Estudio de Riesgo, particularmente las condiciones para responder ante una eventual fuga.
Su preocupación principal es la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia. Según afirmó, la población y las instituciones encargadas de protección civil, bomberos y seguridad no contarían con las condiciones necesarias para realizar una evacuación adecuada en caso de un accidente de grandes dimensiones.
Greenpeace ha advertido, con base en la Manifestación de Impacto Ambiental elaborada por la propia empresa, que una fuga de cinco minutos tendría consecuencias potencialmente mortales en un radio de 15 kilómetros, donde podría encontrarse una población aproximada de 165 mil habitantes. Para una fuga de 15 minutos, la organización señala un radio de afectación de hasta 45 kilómetros y más de 450 mil habitantes potencialmente expuestos en el municipio de Ahome. También ha señalado riesgos asociados con el tramo de aproximadamente tres kilómetros del amoniaducto que transportaría el producto desde la planta hasta el muelle.
Estos escenarios forman parte de los argumentos con los que las organizaciones buscan que el Gobierno Federal revise de manera exhaustiva la viabilidad del proyecto antes de permitir que avance.
Greenpeace cuestiona las modificaciones propuestas
El conflicto también se centra en los cambios que Grupo Proman se ha comprometido a realizar en sus documentos ambientales y de seguridad. Greenpeace y el Colectivo ¡Aquí No! sostienen que durante las mesas de diálogo se expusieron diversas irregularidades y riesgos, después de lo cual la empresa planteó modificaciones técnicas, operativas y de mitigación social en su Manifestación de Impacto Ambiental y su Estudio de Riesgo.
El colectivo considera que los ajustes relacionados con las descargas de agua no son suficientes y mantiene su postura de que el proyecto no sería viable incluso después de esas modificaciones.
Greenpeace, por su parte, pidió que las autoridades ejerzan sus facultades de vigilancia y revisión sobre los cambios que realice la empresa. La organización sostiene que es necesario comprobar que las modificaciones respondan realmente a los riesgos señalados y no se conviertan únicamente en ajustes formales para atender las observaciones surgidas durante las mesas de diálogo.
Además, Greenpeace argumentó que modificar la Manifestación de Impacto Ambiental y el Estudio de Riesgo en esta etapa sería contrario, desde su perspectiva, a los procedimientos previstos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Una bahía considerada de importancia internacional
El conflicto no se limita a la seguridad industrial. Greenpeace también ha puesto el foco en las características ecológicas y culturales de la zona donde se pretende desarrollar la planta.
La organización sostiene que el proyecto se ubicaría en un sitio Ramsar, categoría que identifica humedales de importancia internacional. De acuerdo con Greenpeace, el área constituye además un espacio de crianza, tránsito y reproducción para 39 especies de flora y fauna protegidas por la NOM-059, entre ellas el delfín nariz de botella.
Para las comunidades Mayo-Yoreme, la Bahía de Ohuira tiene además una dimensión cultural y espiritual, pues es considerada un territorio sagrado. Por ello, los activistas consideran que cualquier afectación ambiental tendría consecuencias que irían mucho más allá del ecosistema y podrían modificar actividades económicas, sociales y culturales desarrolladas durante generaciones.
Aleira Lara Galicia insistió en que los posibles impactos alcanzarían directamente los medios de vida de las comunidades que dependen de la bahía. Greenpeace sostiene que la construcción y operación de la megaplanta podrían provocar daños ambientales que, en caso de concretarse, serían irreversibles o difíciles de reparar.
La protesta continúa en Topolobampo
La movilización en el Zócalo fue parte de una serie de acciones emprendidas por las comunidades durante las últimas semanas. El pasado 2 de septiembre, más de 300 habitantes de comunidades costeras, ejidos y campos pesqueros de Topolobampo y Los Mochis participaron en otra protesta frente a la infraestructura industrial.
En aquella ocasión desplegaron una manta de 30 metros de largo por 1.5 metros de ancho con el mensaje “¿INOFENSIVO? Juntos contra la amenaza”, junto a una estructura industrial que los habitantes identifican como “el misil”.
Mientras el Gobierno Federal inicia la evaluación técnica anunciada para estos días, la comunidad mantiene su plantón frente a las instalaciones de GPO. Felipe Montaño aseguró que, después de 100 días de resistencia, los habitantes están dispuestos a continuar el tiempo que sea necesario para conseguir que sus demandas sean escuchadas.
La disputa, así, entra en una nueva etapa: mientras las autoridades analizan las condiciones del proyecto y la empresa contempla modificaciones a sus estudios, Greenpeace y las comunidades Mayo-Yoreme mantienen su exigencia de que la planta sea cancelada o trasladada a otro lugar. Para quienes se oponen a su construcción, la defensa de Topolobampo no solo representa una discusión sobre una instalación industrial, sino sobre la protección de un ecosistema, la seguridad de miles de personas y la continuidad de las formas de vida de los pueblos que históricamente han dependido de la Bahía de Ohuira.
