La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, recibió el respaldo público de dirigentes del PAN y de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón durante un acto realizado en la capital estatal. El encuentro ocurre en medio de una disputa política que involucra seguridad, soberanía y responsabilidades institucionales.
El origen inmediato del conflicto es un operativo contra un presunto narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara. La discusión pública se intensificó por señalamientos sobre la posible participación de agentes estadounidenses dentro del territorio nacional.
Morena cuestionó la actuación de las autoridades estatales y promovió una solicitud de juicio político contra Campos. La gobernadora rechazó haber autorizado o conocido previamente la intervención de agentes extranjeros y afirmó que se trata de una ofensiva política en su contra.
El PAN respondió con movilizaciones y actos de respaldo. En Chihuahua, el partido organizó una caravana y una concentración bajo la consigna “Yo con Maru”, con la participación de dirigentes nacionales y militantes.
Durante el mitin, Campos sostuvo que su gobierno combate al crimen organizado y afirmó que no permitirá que los señalamientos detengan su actuación. También acusó a Morena de utilizar políticamente el caso.
Las declaraciones más duras de la gobernadora, así como las formuladas por otros participantes, deben entenderse como posicionamientos partidistas. Las acusaciones sobre alianzas con grupos criminales no sustituyen una investigación ni acreditan responsabilidades legales.
El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, afirmó que su partido defenderá a Campos frente a lo que considera una persecución. Felipe Calderón planteó que la soberanía debe defenderse mediante instituciones capaces de enfrentar a la delincuencia.
Vicente Fox llamó a organizar una respuesta política rumbo a 2027. El expresidente sostuvo que Chihuahua ha sido escenario de cambios nacionales y que la ciudadanía debe participar en la defensa de la democracia.
Para los habitantes del estado, el caso tiene dos dimensiones. La primera es institucional: determinar qué ocurrió durante el operativo y cuáles autoridades conocieron o autorizaron cada actuación. La segunda es política: evitar que la discusión sobre seguridad se reduzca a acusaciones sin sustento comprobado.
El seguimiento del caso requerirá distinguir entre tres elementos: las investigaciones formales, los procedimientos legislativos y los discursos partidistas. Cada uno tiene alcances distintos y no debe confundirse con los demás.