En una decisión que ha encendido las alarmas entre críticos, periodistas y figuras políticas, el presidente Andrés Manuel López Obrador optó por ausentarse de la conmemoración del 107 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este acto, que muchos interpretan como una muestra palpable de desinterés por las tradiciones y los principios legales que rigen al país, ha generado una ola de críticas y preocupaciones sobre el respeto del Ejecutivo hacia la ley fundamental de la nación.

La ausencia del mandatario en un evento tan significativo como el aniversario de la Constitución en el Teatro de la República en Querétaro no ha pasado desapercibida. Figuras como el columnista Catón y el ex gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, han elevado su voz para señalar lo que consideran un menosprecio hacia la Constitución y, por extensión, hacia la República y sus instituciones. La crítica no solo se centra en la inasistencia del presidente sino también en la omisión de figuras clave como la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, lo que refleja un preocupante desdén por el equilibrio de poderes.

Esta no es la primera vez que López Obrador se ausenta de compromisos importantes, marcando una tendencia que algunos interpretan como un alejamiento deliberado de ciertos ámbitos, incluidos la prensa y eventos internacionales de relevancia. La pregunta que surge es qué mensaje busca enviar el presidente con estas acciones y cuál es el impacto de estos gestos en la percepción pública sobre su compromiso con la democracia y el estado de derecho en México.

La justificación del presidente para su ausencia, centrada en compromisos alternos y críticas a reformas constitucionales anteriores, no hace sino acentuar el debate sobre sus prioridades y la dirección que su administración está tomando respecto a la tradición constitucional del país. Este desaire no solo representa una falta de respeto a la tradición y la ley, sino que también suscita interrogantes sobre la fortaleza de las instituciones democráticas bajo su gobierno.

La administración de López Obrador enfrenta así un momento crítico, en el que su relación con la ley fundamental del país es cuestionada. Este evento se suma a una serie de acciones que han generado dudas sobre el compromiso del presidente con los principios democráticos y constitucionales que deberían guiar su administración.